MARIANA GALVANI; KARINA MOUZO; NATALIA ORTIZ MALDONADO; VICTORIA RANGUGNI; CELINA RECEPTER; ALINA LIS RIOS; GABRIELA RODRÍGUEZ & GABRIELA SEGHEZZO – A la Inseguridad la Hacemos Entre Todos (Prácticas Académicas, Mediáticas y Policiales)
“A la Inseguridad la Hacemos Entre Todos (Prácticas Académicas, Mediáticas y Policiales)” es un libro que aborda uno de los problemas que con mayor insistencia ocupan el discurso político, periodístico y cotidiano de las sociedades contemporáneas: la inseguridad. Pero lo hace desde una perspectiva que se aparta deliberadamente de las aproximaciones más habituales. En lugar de aceptar que la inseguridad constituye una realidad objetiva, perfectamente delimitada, que simplemente debe ser registrada, explicada y combatida, los autores proponen examinar los procesos mediante los cuales determinadas situaciones llegan a ser definidas precisamente como un problema de inseguridad. Mariana Galvani, Karina Mouzo, Natalia Ortiz Maldonado, Victoria Rangugni, Celina Recepter, Alina Lis Ríos, Gabriela Rodríguez y Gabriela Seghezzo colocan bajo análisis las prácticas académicas, mediáticas y policiales que intervienen en esa construcción y muestran que la inseguridad no puede comprenderse exclusivamente a partir de los delitos que efectivamente ocurren. Entre un hecho delictivo y su transformación en “inseguridad” existe un conjunto de operaciones sociales, institucionales y discursivas que seleccionan acontecimientos, producen categorías, jerarquizan víctimas, identifican sospechosos, delimitan territorios, generan estadísticas, construyen imágenes y establecen cuáles son las respuestas consideradas legítimas. El propio título constituye una provocación conceptual de enorme importancia: decir que “a la inseguridad la hacemos entre todos” significa desplazar la mirada desde la búsqueda exclusiva de individuos responsables del delito hacia las múltiples instituciones y prácticas que participan en la producción de aquello que una sociedad reconoce como amenaza. No todos participan de la misma manera ni poseen el mismo poder, por supuesto, pero la inseguridad como problema público no aparece espontáneamente. Es producida, nombrada, narrada, cuantificada, clasificada y administrada.
La importancia de esta perspectiva se comprende mejor cuando se observa hasta qué punto la palabra “inseguridad” se ha convertido en una categoría aparentemente transparente. En el lenguaje cotidiano se habla de inseguridad como si se tratara de una cosa concreta, perfectamente reconocible y mensurable. Se afirma que “hay mucha inseguridad”, que una ciudad “se volvió insegura”, que determinados barrios son “zonas peligrosas” o que ciertos grupos sociales “generan inseguridad”. La aparente sencillez de esas expresiones oculta, sin embargo, una enorme cantidad de supuestos. ¿Qué entendemos exactamente por inseguridad? ¿Se trata exclusivamente de delitos? ¿Incluye el miedo al delito aunque nunca se haya sufrido uno? ¿Incluye la violencia institucional? ¿Incluye determinadas formas de violencia económica o social? ¿Quién establece cuáles son los comportamientos que deben ser considerados amenazantes? ¿Por qué determinados delitos reciben una atención pública extraordinaria mientras otros apenas generan interés? ¿Por qué algunas víctimas se convierten en símbolos nacionales mientras otras permanecen prácticamente invisibles? Estas preguntas permiten comprender que la inseguridad no es simplemente un reflejo de la realidad criminal, sino también una manera particular de organizar la percepción de esa realidad. El problema no consiste en negar que existan robos, homicidios, agresiones o distintas formas de violencia, algo que sería tan absurdo como inútil, sino en comprender que esos hechos adquieren significado dentro de marcos sociales que determinan cómo serán interpretados.
Una de las principales virtudes del libro reside precisamente en esa operación de desnaturalización. Allí donde el discurso cotidiano encuentra una evidencia, los autores buscan un proceso. Allí donde parece existir una descripción neutral, buscan las categorías que hicieron posible esa descripción. Allí donde aparece una cifra, resulta necesario preguntarse quién la produjo, cómo fue obtenida, qué contabiliza y qué deja fuera. Y allí donde aparece un sujeto presentado como peligroso, conviene examinar qué mecanismos sociales hicieron posible que determinadas características personales, territoriales o sociales fueran asociadas con la peligrosidad. Esta perspectiva se encuentra profundamente vinculada con una tradición crítica de las ciencias sociales que entiende que los problemas públicos no son objetos naturales que simplemente esperan ser descubiertos. Una sociedad define aquello que considera problemático mediante instituciones, discursos, saberes y relaciones de poder. La inseguridad constituye un ejemplo especialmente claro de este fenómeno porque combina acontecimientos objetivos con interpretaciones subjetivas, dispositivos institucionales y formas de representación que se retroalimentan permanentemente.
El papel de los medios de comunicación adquiere en este proceso una importancia fundamental. La noticia policial constituye uno de los mecanismos más eficaces para transformar un acontecimiento particular en una representación general de la sociedad. Un homicidio, un robo o un asalto pueden ser hechos concretos y delimitados, pero determinados modos de narrarlos pueden convertirlos en pruebas de una supuesta situación generalizada. El caso particular comienza entonces a funcionar como síntoma de una enfermedad social. Un acontecimiento aislado se convierte en tendencia; la tendencia se convierte en diagnóstico; y el diagnóstico termina justificando determinadas políticas. Esta transformación no requiere necesariamente una manipulación consciente. Basta con que funcionen las reglas habituales de producción de noticias: la selección de hechos extraordinarios, la búsqueda de acontecimientos dramáticos, la personalización de las historias, la utilización de imágenes impactantes y la necesidad de competir por la atención de una audiencia. El resultado puede ser una representación de la realidad criminal en la que los hechos más violentos, dramáticos o visualmente impactantes adquieren una presencia mucho mayor que otros fenómenos menos espectaculares.
El problema se profundiza porque la reiteración modifica la percepción. Un acontecimiento excepcional que aparece una vez puede ser entendido como excepcional; el mismo acontecimiento reproducido diariamente comienza a adquirir la apariencia de normalidad estadística. La televisión, los portales digitales y las redes sociales pueden generar una sensación de omnipresencia del delito que no necesariamente coincide con la frecuencia objetiva de determinados hechos. Una persona puede contemplar durante horas imágenes de robos, homicidios, persecuciones y operativos policiales sin haber experimentado personalmente ninguna de esas situaciones. Sin embargo, al terminar el día puede tener la sensación de encontrarse rodeada de peligros. El miedo no surge únicamente de una experiencia directa: también puede ser producido por un entorno comunicacional saturado de determinados acontecimientos. De este modo, los medios no solamente informan sobre la inseguridad; contribuyen a construir el clima emocional dentro del cual la inseguridad es experimentada.
La cuestión de las imágenes es particularmente importante. La representación visual de la violencia posee una capacidad de impacto que no puede compararse fácilmente con una cifra estadística. Una cámara de seguridad que registra un asalto, un patrullero rodeado de policías, un cuerpo cubierto en la escena de un crimen, una persecución o el rostro angustiado de un familiar producen una experiencia emocional inmediata. La imagen parece ofrecer acceso directo a la realidad, como si no necesitara interpretación. Pero también las imágenes son seleccionadas, recortadas y contextualizadas. Lo que vemos depende de lo que una cámara pudo registrar, de lo que un medio decidió mostrar y de la manera en que esa imagen fue acompañada por palabras. La realidad no entra automáticamente en la pantalla: es construida mediante una cadena de decisiones. La inseguridad mediática es, por eso, una realidad narrada y visualizada, no simplemente una realidad observada.
El libro resulta particularmente interesante porque tampoco idealiza a la academia como una institución exterior a estos procesos. El conocimiento académico puede contribuir a cuestionar las representaciones simplificadoras de la inseguridad, pero también puede participar en su producción. Toda investigación construye categorías, delimita objetos, clasifica poblaciones, selecciona variables y establece relaciones entre fenómenos. Esto resulta inevitable y no constituye por sí mismo un defecto. El problema aparece cuando esas categorías pierden su carácter construido y comienzan a ser utilizadas como si describieran propiedades naturales de los individuos o de los territorios. Una categoría académica puede terminar incorporándose al lenguaje administrativo, policial o mediático y adquirir consecuencias concretas sobre las personas que clasifica. De esta manera, el conocimiento no permanece encerrado en libros y universidades: circula hacia las instituciones y puede contribuir a orientar políticas y prácticas.
La producción de estadísticas constituye un ejemplo especialmente claro. Las cifras poseen una autoridad particular porque parecen eliminar la subjetividad. Decir que determinado delito aumentó un determinado porcentaje produce la impresión de estar ante un hecho indiscutible. Pero antes de que ese número aparezca existe una cadena de procedimientos: alguien debe definir qué se registra, cómo se registra, dónde se registra, qué casos quedan fuera y cómo se comparan los datos. Las estadísticas criminales son herramientas indispensables para conocer determinados fenómenos, pero no constituyen un espejo transparente de la realidad. Las denuncias dependen de la confianza en las instituciones, de las posibilidades materiales de denunciar, de las prácticas burocráticas y de las definiciones jurídicas utilizadas. Un descenso en las denuncias puede significar menos delitos, pero también podría reflejar menor confianza en la policía o dificultades para acceder al sistema institucional. El número necesita siempre una interpretación.
Esta crítica al conocimiento estadístico no implica caer en el relativismo de afirmar que “todo es una construcción” y que, por lo tanto, ningún dato tiene valor. Esa conclusión sería demasiado sencilla y terminaría destruyendo las herramientas necesarias para comprender los fenómenos sociales. El desafío consiste en hacer compatible el uso riguroso de datos con la conciencia de sus condiciones de producción. Una estadística puede ser válida y, al mismo tiempo, estar limitada por aquello que su método puede registrar. Una encuesta puede ofrecer información valiosa sobre las percepciones sociales y, al mismo tiempo, no medir directamente la criminalidad. Una investigación puede ser rigurosa y, sin embargo, utilizar categorías que deberían ser revisadas críticamente. Precisamente allí reside una de las enseñanzas metodológicas más interesantes que puede extraerse del libro: la crítica no consiste en destruir el conocimiento, sino en hacerlo más consciente de sus propios instrumentos.
El análisis de las prácticas policiales introduce otra dimensión fundamental. La policía no interviene únicamente cuando un delito ya ocurrió. También produce información, selecciona objetivos de vigilancia, identifica personas sospechosas, delimita zonas de atención y construye conocimientos prácticos sobre determinados territorios y poblaciones. La sospecha constituye una herramienta central de cualquier actividad policial, pero la sospecha nunca surge en un vacío social. Está atravesada por experiencias institucionales, prejuicios, representaciones culturales y rutinas profesionales. Cuando determinadas características físicas, edades, formas de vestir o lugares de residencia comienzan a funcionar como señales de peligrosidad, la sospecha puede desplazarse desde una conducta concreta hacia una identidad social.
Este desplazamiento constituye uno de los problemas más graves que permite comprender la perspectiva del libro. El delincuente deja de ser entonces alguien que cometió un acto determinado y comienza a convertirse en un tipo social. Ya no se sospecha de una persona porque haya realizado una conducta específica, sino porque presenta características asociadas culturalmente con determinados delitos. El joven pobre, el habitante de determinado barrio, quien lleva determinada vestimenta o quien permanece en determinados espacios puede transformarse en objeto de vigilancia simplemente por representar un perfil considerado problemático. La consecuencia es una ampliación enorme del campo de la sospecha. La seguridad deja de estar centrada exclusivamente en conductas y pasa a organizarse alrededor de poblaciones.
La dimensión territorial es inseparable de este proceso. Algunos barrios adquieren una reputación de peligrosidad que termina funcionando como una etiqueta colectiva. Los habitantes de esos territorios quedan asociados a la imagen del delito incluso cuando jamás han cometido ninguna infracción. La ciudad comienza a organizarse simbólicamente mediante zonas seguras y zonas peligrosas, espacios legítimos y espacios sospechosos. Las fronteras físicas se transforman en fronteras sociales. Determinados lugares son evitados, determinadas personas son observadas con mayor desconfianza y determinados desplazamientos son interpretados como potencialmente amenazantes. El territorio, de esta manera, se convierte en una categoría de clasificación social.
La estigmatización territorial tiene además consecuencias políticas muy concretas. Si un barrio es definido como foco de inseguridad, resulta más sencillo justificar determinados dispositivos de vigilancia, operativos policiales o políticas de control. La etiqueta termina produciendo aquello que aparentemente solo describe. El barrio es considerado peligroso, recibe una presencia policial diferente, sus habitantes son sometidos a mayor vigilancia y esa vigilancia genera a su vez nuevos registros de intervenciones, controles y conflictos que posteriormente pueden ser utilizados para confirmar la idea inicial de que se trata de un territorio problemático. Se crea así un circuito autorreforzado. La categoría de peligrosidad produce prácticas que generan nuevos datos, y esos datos son utilizados posteriormente para legitimar la categoría.
Este mecanismo permite comprender por qué el título del libro resulta mucho más profundo de lo que podría parecer a primera vista. “Entre todos” no significa que todos seamos igualmente culpables de la inseguridad, sino que diferentes actores intervienen en una cadena de producción social. El periodista selecciona un hecho y construye un relato; el investigador elabora categorías para analizarlo; el funcionario utiliza determinados diagnósticos para diseñar una política; la policía aplica criterios de vigilancia; los ciudadanos reproducen discursos sobre determinados barrios o grupos; las redes sociales multiplican imágenes y comentarios. Cada actor puede actuar desde una lógica distinta y, sin embargo, las diferentes prácticas pueden terminar reforzándose mutuamente.
La inseguridad posee además una enorme eficacia política porque permite convertir problemas complejos en conflictos aparentemente simples. El miedo demanda respuestas rápidas y visibles. Frente a un delito grave, resulta mucho más sencillo anunciar mayor presencia policial que discutir durante años las relaciones entre desigualdad, mercado laboral, educación, urbanización, drogas, instituciones penales y oportunidades sociales. El discurso de la mano dura tiene una ventaja comunicacional evidente: ofrece un enemigo reconocible y una respuesta inmediata. La complejidad social desaparece detrás de una ecuación elemental en la que existen víctimas inocentes, delincuentes peligrosos y una autoridad encargada de restablecer el orden. La fórmula es políticamente poderosa precisamente porque reduce la incertidumbre.
El libro permite cuestionar esa reducción sin caer en la posición igualmente simplista de negar la necesidad de seguridad. Una perspectiva crítica no tiene por qué desconocer el sufrimiento de las víctimas ni minimizar la gravedad de los delitos. Al contrario: tomarse en serio la violencia exige comprenderla en toda su complejidad. Una víctima concreta no debería convertirse en un instrumento para legitimar cualquier política, pero tampoco debería ser utilizada como argumento para negar la existencia de problemas reales. La dificultad consiste en sostener simultáneamente ambas dimensiones: reconocer la experiencia concreta del daño y analizar críticamente las estructuras discursivas e institucionales que se construyen alrededor de ella.
Esta distinción es fundamental porque el debate sobre seguridad suele quedar atrapado en una falsa oposición. Por un lado aparecen quienes presentan la inseguridad como una construcción discursiva y parecen sugerir que, si modificamos el discurso, desaparece el problema. Por otro lado aparecen quienes consideran que cualquier crítica a la construcción mediática o policial de la inseguridad equivale a negar el delito. Ambas posiciones son insuficientes. Los delitos existen, las víctimas existen y el miedo existe; pero también existen las representaciones, las categorías y las instituciones que determinan cómo esos fenómenos serán comprendidos. Una cosa no elimina la otra. Precisamente el aporte del libro consiste en mostrar la necesidad de estudiar esa relación.
También resulta relevante la forma en que las víctimas son incorporadas al discurso público. La víctima posee una legitimidad moral particular y su sufrimiento puede convertirse en un poderoso recurso para construir consenso alrededor de determinadas políticas. El problema surge cuando la experiencia individual es presentada como prueba suficiente de una explicación general. Un caso puede ser real, doloroso y terrible sin representar necesariamente la totalidad del fenómeno. Sin embargo, la lógica mediática tiende a privilegiar historias individuales porque son narrativamente eficaces. La vida de una persona concreta permite producir identificación emocional de una manera que una tabla estadística difícilmente consigue. El riesgo consiste en que la excepcionalidad se convierta en norma perceptiva.
La producción de miedo también puede modificar las prácticas cotidianas. Personas que dejan de utilizar determinados espacios públicos, que modifican sus horarios, que evitan determinados transportes o que sospechan de desconocidos pueden experimentar una transformación profunda de su relación con la ciudad. El espacio público deja de ser concebido como un lugar de encuentro y comienza a ser leído como un territorio potencialmente amenazante. La consecuencia es paradójica: el miedo al delito puede contribuir a debilitar justamente los vínculos comunitarios que favorecen la apropiación colectiva del espacio. Cuanto más se abandona el espacio público por temor, menos presencia social existe en él; cuanto menos presencia social existe, más fácilmente puede ser percibido como peligroso.
En este punto, la problemática de la inseguridad se conecta con cuestiones más amplias relacionadas con la desigualdad social. No todas las personas experimentan el miedo de la misma manera ni tienen los mismos recursos para protegerse. Quien posee automóvil, vive en un barrio cerrado, tiene acceso a vigilancia privada o puede modificar sus horarios laborales dispone de estrategias diferentes de quien depende del transporte público, vive en un barrio periférico o debe desplazarse diariamente por zonas consideradas inseguras. La inseguridad, por lo tanto, tampoco se distribuye de manera homogénea. El mercado ofrece respuestas privadas para quienes pueden pagarlas: cámaras, alarmas, vigilancia, seguros, barrios cerrados, aplicaciones, sistemas de rastreo. La seguridad puede convertirse así en una mercancía más. Mientras algunos compran protección individual, otros quedan sometidos a las condiciones generales de la seguridad pública.
Esta privatización simbólica y material de la seguridad tiene consecuencias políticas importantes. Si la seguridad comienza a concebirse como un servicio individual que cada persona debe adquirir según sus posibilidades, se debilita la idea de la seguridad como derecho colectivo. La ciudad puede dividirse entre quienes pueden pagar diferentes niveles de protección y quienes dependen exclusivamente de instituciones públicas muchas veces debilitadas. En ese contexto, la inseguridad deja de ser únicamente un problema criminal y se transforma también en una cuestión de desigualdad. Las mismas estructuras sociales que producen vulnerabilidad pueden generar respuestas de seguridad profundamente diferenciadas.
La lectura del libro también permite pensar la relación entre inseguridad y expansión de dispositivos tecnológicos de vigilancia. Cámaras, sistemas de reconocimiento, bases de datos, controles automatizados y mecanismos de seguimiento prometen convertir la seguridad en un problema técnico. La promesa es seductora: si podemos obtener más información, registrar más imágenes y controlar más espacios, podremos anticiparnos al delito. Pero la tecnología no elimina las decisiones humanas; simplemente puede hacerlas menos visibles. Una cámara no decide por sí misma qué conducta es sospechosa, pero los sistemas que utilizan sus imágenes sí deben establecer qué buscar, qué clasificar como anomalía y qué hacer con la información obtenida. La vigilancia automatizada puede ampliar enormemente la capacidad de observación sin resolver necesariamente los problemas sociales que producen el conflicto.
Esta dimensión resulta especialmente contemporánea porque la inseguridad ha encontrado en el ecosistema digital un nuevo espacio de producción. Las redes sociales permiten que cualquier usuario difunda imágenes de un supuesto delito, identifique públicamente a una persona sospechosa o alerte sobre la presencia de individuos considerados peligrosos. El problema es que la velocidad de circulación suele ser mayor que la capacidad de verificar la información. Una acusación falsa puede alcanzar miles de personas antes de ser desmentida. La sospecha puede convertirse en condena social sin necesidad de atravesar ninguna instancia institucional. La lógica del linchamiento digital agrega así una nueva dimensión al problema estudiado por el libro: ya no son únicamente las instituciones tradicionales las que construyen la inseguridad, sino también comunidades digitales que producen y reproducen representaciones sobre el peligro.
En este sentido, la obra mantiene una actualidad evidente. Aunque muchas de las discusiones sobre seguridad puedan haber surgido en contextos anteriores a la expansión de las plataformas digitales actuales, sus herramientas conceptuales resultan especialmente útiles para comprender el presente. La producción de inseguridad se ha vuelto más rápida, descentralizada y participativa. La autoridad para definir qué constituye una amenaza ya no pertenece exclusivamente a periodistas, policías o investigadores. Cualquier usuario puede producir contenido, y los algoritmos pueden decidir qué contenidos adquieren mayor visibilidad. Esto no significa que el poder institucional haya desaparecido; significa que se ha combinado con nuevas formas de circulación de información y emoción.
Una de las mayores virtudes intelectuales de “A la Inseguridad la Hacemos Entre Todos” consiste precisamente en obligar al lector a observar aquello que normalmente permanece oculto detrás de la evidencia. La pregunta deja de ser únicamente “¿cuánta inseguridad hay?” para transformarse en “¿cómo se construye aquello que llamamos inseguridad?”. La diferencia parece pequeña, pero cambia por completo el objeto de investigación. La primera pregunta busca medir un fenómeno dado; la segunda busca reconstruir las prácticas mediante las cuales ese fenómeno adquiere significado. La primera puede conducir directamente hacia una discusión estadística; la segunda obliga a incorporar instituciones, discursos, relaciones de poder, emociones, territorios y representaciones.
Esa mirada también permite comprender por qué determinados discursos sobre la inseguridad pueden sobrevivir incluso cuando los datos no confirman plenamente las percepciones sociales. Una representación no desaparece automáticamente porque una estadística la contradiga. Las personas interpretan los datos a partir de experiencias, relatos y marcos culturales previos. Si durante años un territorio ha sido presentado como peligroso, una persona que escuche que determinados indicadores delictivos descendieron puede continuar considerándolo amenazante. La percepción posee una cierta autonomía respecto de la estadística. Esto explica también por qué las políticas de seguridad pueden tener efectos simbólicos importantes incluso cuando sus resultados materiales son discutibles: instalar cámaras, aumentar patrullajes o endurecer controles comunica una determinada imagen de autoridad y puede modificar temporalmente la percepción del riesgo.
El libro, por lo tanto, no debería ser leído únicamente como una crítica de los medios o de la policía. Su alcance es mayor. También constituye una invitación a examinar críticamente nuestras propias formas de mirar. Los ciudadanos no somos simples receptores pasivos de discursos institucionales. Participamos en la reproducción de categorías cuando repetimos que determinado barrio es peligroso, cuando compartimos una imagen sin verificarla, cuando asociamos automáticamente ciertas apariencias con delincuencia o cuando aceptamos sin cuestionar que determinados grupos deben ser objeto de mayor vigilancia. La construcción social de la inseguridad también ocurre en conversaciones cotidianas. El miedo circula horizontalmente además de circular desde las instituciones hacia la sociedad.
Esto no significa cargar sobre los individuos comunes la responsabilidad principal por fenómenos producidos dentro de estructuras de poder mucho más amplias. Sería absurdo colocar en el mismo plano la capacidad de un ciudadano para compartir una publicación y la capacidad de un medio nacional, una fuerza policial o un gobierno para establecer agendas públicas. El “entre todos” del título debe entenderse precisamente desde esa desigualdad. Todos podemos participar en la reproducción de determinadas representaciones, pero no todos tenemos la misma capacidad para producirlas, legitimarlas o imponerlas. Una lectura crítica debe conservar esa diferencia para evitar que la idea de responsabilidad colectiva termine ocultando las relaciones de poder.
La cuestión del poder es, de hecho, una de las dimensiones que atraviesan todo el problema. Definir quién es peligroso nunca es una operación políticamente neutra. Clasificar un territorio como zona de riesgo, una población como vulnerable o un individuo como sospechoso tiene consecuencias materiales. Determinadas personas serán vigiladas más que otras; determinados espacios recibirán más controles; determinados discursos serán considerados legítimos mientras otros serán descartados. La inseguridad funciona entonces como un campo de disputa por la definición de la normalidad. ¿Quién puede circular libremente? ¿Quién debe justificar su presencia? ¿Qué cuerpos son considerados legítimos en el espacio público? ¿Quién aparece como ciudadano y quién como amenaza potencial? Estas preguntas permiten conectar el problema de la seguridad con cuestiones más generales de ciudadanía, desigualdad y control social.
El libro resulta especialmente valioso porque no ofrece una respuesta tranquilizadora. No propone reemplazar la obsesión por la inseguridad con una nueva explicación absoluta. No afirma que los medios sean los únicos responsables, que la policía sea la causa de todos los problemas o que la academia produzca deliberadamente determinadas políticas. Su propuesta es más compleja: mostrar la interacción entre diferentes prácticas. Esa complejidad puede resultar menos satisfactoria para quien busca una respuesta inmediata, pero constituye precisamente su fortaleza. Los fenómenos sociales rara vez poseen un único productor y la inseguridad no es una excepción.
Leer esta obra implica, en última instancia, aprender a desconfiar de las palabras que parecen demasiado sencillas. “Inseguridad” es una de ellas. Bajo esa palabra pueden esconderse delitos concretos, miedos subjetivos, desigualdades sociales, conflictos territoriales, discursos electorales, rutinas policiales, estadísticas, imágenes mediáticas y decisiones políticas. Reducir todo ese universo a una única categoría produce una comodidad intelectual que el libro se esfuerza por romper. Su propuesta es recuperar las mediaciones que existen entre la realidad y la manera en que hablamos de ella. Porque entre un delito y una noticia, entre una noticia y una estadística, entre una estadística y una política pública, entre una política pública y una práctica policial, existe una cadena de interpretaciones y decisiones que transforma el fenómeno original.
Por eso, uno de los principales aportes de “A la Inseguridad la Hacemos Entre Todos (Prácticas Académicas, Mediáticas y Policiales)” consiste en demostrar que estudiar la inseguridad exige estudiar también las instituciones que la nombran, los discursos que la representan y las prácticas que intentan administrarla. El problema no se encuentra únicamente en las calles, sino también en las redacciones periodísticas, en las universidades, en las comisarías, en las oficinas estatales, en las estadísticas, en los debates parlamentarios y, cada vez más, en las plataformas digitales. La inseguridad es simultáneamente una experiencia, un discurso, una categoría, una política y una práctica. Comprenderla requiere mantener abiertas todas esas dimensiones sin reducirlas unas a otras.
El resultado es una obra que conserva una notable capacidad para incomodar certezas. Allí donde el discurso dominante invita a señalar rápidamente culpables, obliga a preguntar por las condiciones que hicieron posible esa identificación. Allí donde la noticia presenta un caso individual como representación de una sociedad entera, invita a reconstruir los mecanismos de selección y amplificación. Allí donde una estadística parece hablar por sí misma, obliga a revisar su proceso de producción. Allí donde un territorio aparece como naturalmente peligroso, invita a preguntarse quién lo definió de ese modo y qué efectos produjo esa definición. Y allí donde la seguridad parece depender exclusivamente de aumentar la vigilancia y la represión, abre la discusión hacia las estructuras sociales, institucionales y económicas que rodean al delito.
Su lectura resulta especialmente recomendable para quienes quieran comprender la dimensión política de los discursos sobre seguridad, pero también para cualquiera que pretenda analizar con mayor distancia crítica las noticias policiales y las discusiones cotidianas sobre el delito. La obra recuerda algo que el sentido común suele olvidar: que las sociedades no solamente experimentan problemas, sino que también producen las formas mediante las cuales esos problemas son reconocidos. Esa producción nunca es completamente inocente porque define prioridades, distribuye miedos, establece sospechas y orienta recursos. Cuando una sociedad decide que determinado fenómeno constituye su principal amenaza, está tomando una decisión política, incluso cuando esa decisión aparece presentada como una simple constatación de los hechos.
La verdadera fuerza de “A la Inseguridad la Hacemos Entre Todos” reside, entonces, en transformar una palabra cotidiana en un objeto de interrogación. La inseguridad deja de ser una evidencia que simplemente se contabiliza y se convierte en un campo de disputa donde intervienen saberes, instituciones, medios, fuerzas policiales, gobiernos y ciudadanos. Esa mirada no elimina la necesidad de enfrentar el delito ni pretende sustituir las políticas concretas por discusiones abstractas. Lo que exige es algo mucho más básico y, al mismo tiempo, mucho más difícil: comprender primero qué problema estamos definiendo cuando hablamos de inseguridad. Porque si la definición del problema ya contiene una determinada imagen de sus causas, de sus responsables y de sus posibles soluciones, entonces discutir la seguridad significa también discutir quién tiene el poder de definir la realidad. Y precisamente ahí se encuentra el núcleo crítico de esta obra: mostrar que antes de que la inseguridad sea combatida, ya ha sido producida como objeto de conocimiento, como objeto de temor y como objeto de intervención. Comprender ese proceso constituye una condición indispensable para pensar políticas de seguridad menos arbitrarias, menos estigmatizantes y más capaces de responder a la complejidad real de las sociedades en las que pretenden intervenir.
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